La empresa pública de vivienda: una quimera costosa y compleja para el sector
Los expertos avisan que su lanzamiento requerirá muchos recursos económicos y de que el Estado no cuenta con una estructura adecuada para operar en el mercado inmobiliario.
Seis años después de su llegada a La Moncloa, Pedro Sánchez no ha logrado poner remedio a uno de los problemas que más inquieta a los españoles, la vivienda. Pese a las regulaciones introducidas por la Ley de Vivienda o los planes anunciados por el Ejecutivo para levantar 184.000 viviendas asequibles, la realidad es que los precios tanto de compraventa como de alquiler no paran de subir y que el acceso a una casa se está convirtiendo en un imposible para las familias con menos recursos económicos.
La última propuesta lanzada por el Ejecutivo para encontrar una solución y hacer frente a las acusaciones de inmovilismo es la creación de una empresa estatal de vivienda con la que, según ha dicho la ministra del ramo, Isabel Rodríguez, se pretende atacar el problema de oferta que, junto a la fuerte demanda fruto de la inmigración y los bajos tipos de interés, está disparando los precios.
El germen de esta futura sociedad estatal en la que el Gobierno asegura que lleva trabajando un año será la actual sociedad de suelo Sepes. Esta empresa pública, como explicó Rodríguez, abordará de manera integral todas las capacidades que tiene la Administración General del Estado tanto en compra como en alquiler.
Aunque, sobre el papel, el hecho de que una empresa estatal que ya tiene en propiedad la materia prima quizá más difícil de conseguir ahora mismo en España para levantar viviendas, pueda llevar a pensar que tiene mucho del trabajo más complicado a pesar de que no hayan trascendido aún demasiados detalles del proyecto y que las implicaciones de crear una verdadera promotora de vivienda pública son «extraordinariamente complejas desde el punto de vista del uso de los recursos del Estado, de la organización de dicha empresa y de su funcionamiento en el mercado inmobiliario residencial», como resume Mikel Echavarren, presidente y consejero delegado de la consultora Colliers.
Por último, el sector tampoco se fía de las capacidades públicas para gestionar la vivienda que levantara la nueva sociedad. «Siguiendo el ejemplo de la sociedad pública de alquiler austriaca, que tantas esperanzas despierta en la izquierda española, debería ser capaz de desahuciar a aquellos inquilinos futuros que no paguen la renta, como así funcionan los austriacos. Abrir la posibilidad al impago o a la ocupación de viviendas públicas llevará, como en muchos ejemplos del pasado, a una gestión ruinosa del alquiler de las viviendas de esta naturaleza. La administración pública española ha demostrado, en muy numerosas ocasiones, que es el peor gestor de viviendas en alquiler», concluye Echavarren.
«Tenemos las mejores empresas del mundo para solucionar los problemas de vivienda. No necesitamos una empresa pública, sino acabar con la inseguridad jurídica para aumentar la oferta, agilizar los trámites, optimizar esfuerzos, acortar los plazos de actuación y trabajar de una manera unida y coordinada, alejada del ruido político», remata Pedro Fernández Alén.